La ausencia de responsabilidad disciplinaria del legislador en Colombia por omisión legislativa

Artículo de investigaciónLa omisión legislativa y su alcance ha sido definida ampliamente por la jurisprudencia colombiana como la inacción del parlamentario ante ordenes expresas de la Constitución Nacional, conlleva un riesgo para el ciudadano al no ver materializados los mandatos impuestos por ésta, siendo la Corte Constitucional, quien a través de la modulación de sus sentencias ha buscado detener la vulneración de derechos constitucionales; es por esto que se hace necesario analizar la figura del fuero constitucional observando que su alcance es estrechamente procedimental por medio del otorgamiento de un juez natural y no se extiende a prerrogativas de tipo penal, fiscal y especialmente disciplinario y al contrastar la legislación sobre el tema con países como México, Argentina, Chile o España, estos presentan las mismas problemáticas que Colombia respecto a la omisión legislativa y a la inexistencia y necesidad de tipos disciplinarios que sancionen de manera individual a los miembros congreso por el incumplimiento a los deberes constitucionalmente asignados.38 p.1. OMISIÓN LEGISLATIVA. 2. FUERO PARLAMENTARIO Y REGÍMENES DE RESPONSABILIDAD DEL LEGISLADOR 3. LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA DEL LEGISLADOR POR OMISIÓN LEGISLATIVA EN EL DERECHO COMPARADO. 4. NECESIDAD DE TIPIFICAR DISCIPLINARIAMENTE EN EL DERECHO COLOMBIANO LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA DEL LEGISLADOR POR OMISIÓN LEGISLATIVA CONCLUSIONES REFERENCIASPregradoAbogad

Responsabilidad patrimonial del estado por los actos del legislador

Más de un siglo antes de que Luís XVI ascendiera al trono en 1.774, el Estado Francés había sufrido periódicas crisis económicas como consecuencia de las largas guerras emprendidas durante el reinado de Luís XIV, la mala administración de los asuntos nacionales en el reinado de Luís XV y el aumento de la deuda generada a raíz de los préstamos a las colonias británicas de Norteamérica durante la guerra de independencia estadounidense.137 p.Contenido parcial: Modelos que gozan de un control de constitucionalidad de las leyes -- Modelos que no gozan de un control de constitucionalidad de las leyes -- La responsabilidad patrimonial del estado colombiano antes de la constitución de 1991 -- Criterios utilizados para imputar responsabilidad al estado colombiano -- Eventos en los cuales el estado puede resultar responsable patrimonialmente por los actos del legislador

Responsabilidad del Estado por omisión legislativa y su desarrollo jurisprudencial en Colombia

Artículo de investigaciónLa responsabilidad del Estado en diversas materias es un tema que ha evolucionado de manera evidente en Colombia a través de la jurisprudencia expedida por el Consejo de Estado, lo anterior, basado en el artículo 90 de la Constitución de 1991 que desarrolló el concepto de Responsabilidad del Estado teniendo en cuenta la teoría del daño antijurídico que tiene origen en el derecho público.INTRODUCCIÓN 1. ARGUMENTO HISTÓRICO DE LA RESPONSABILIDAD POR EL HECHO DEL LEGISLADOR. 2. LA CATEGORÍA DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR EL HECHO DEL LEGISLADOR EN LA APLICACIÓN DE LEY INEXEQUIBLE 3. LA CATEGORÍA DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR EL HECHO DEL LEGISLADOR POR OMISIÓN LEGISLATIVA. 4. CONCLUSIONES 5. REFERENCIAS.PregradoAbogad

Responsabilidad extracontractual del estado por omisión en la actividad legislativa

La presente investigación se ocupa de estudiar el tema de la responsabilidad extracontractual del Estado por omisión en la expedición de leyes en Colombia, tema que apenas comienza a ser desarrollado por la doctrina y por la jurisprudencia nacional. El tema objeto de estudio, desde el punto de vista constitucional en cuanto a la omisión legislativa, ha sido ampliamente estudiado por la Jurisprudencia Constitucional colombiana, la que desde el año 1996, a partir de las sentencias en sede de exequibilidad, construyó la postura que permanece vigente aún en la actualidad y cuya característica primordial, es la de aceptar la existencia de la omisión legislativa relativa (por vía de su declaratoria de inconstitucionalidad), mas no así de la omisión legislativa absoluta (Sentencia C-543 de 1996) frente a la cual el Tribunal Constitucional colombiano se ha declarado inhibido para estudiarla; ahora bien, la omisión legislativa como fuente de responsabilidad extracontractual del Estado, tema de competencia de la Jurisdicción Administrativa, ha tenido un estudio precario, ya que son escasas las sentencias que se han ocupado de estudiar este fenómeno jurídico. El principal objetivo planteado al inicio de la investigación, era determinar si era viable que con ocasión de una omisión legislativa, surgiera para el Estado la obligación de reparar los posibles daños antijurídicos que con ella se pudieran producir y en caso de encontrar factible esa posibilidad, establecer el título de imputación dentro del cual se podría configurar este tipo de responsabilidad; al respecto, la investigación arrojó Como 16 resultado, la efectiva procedencia de este tipo de responsabilidad (tan sólo con respecto a la omisión legislativa relativa) y, específicamente bajo el título de imputación de daño especial. Para la realización del presente trabajo, se acudió al estudio de los trabajos de doctrinantes, tanto nacionales como extranjeros, e igualmente al análisis de la jurisprudencia de las Cortes Constitucional, Suprema de Justicia y Consejo de Estado, en los diferentes aspectos que integran la responsabilidad estatal por omisión en la expedición de leyes. La importancia de la investigación, radica en que al final de la misma, se presenta una propuesta de estructuración de la responsabilidad pública alquiliana, con base específicamente en la omisión legislativa relativa, indicando el título de imputación procedente, sus elementos configuradores y la forma en que debe ser entendida por los Jueces Administrativos.The present investigation deals with the study of the non-contractual liability of the State by omission in the issuance of laws in Colombia, a topic that is only beginning to be developed by the doctrine and by national jurisprudence. The subject under study, from the constitutional point of view regarding the legislative omission, has been widely studied by the Colombian Constitutional Jurisprudence, which since 1996, from the judgments in the seat of constitutionality, built the position that It remains in force even at present and whose main characteristic is to accept the existence of the relative legislative omission (through its declaration of unconstitutionality), but not of the absolute legislative omission (Sentence C-543 of 1996). which the Colombian Constitutional Court has declared itself inhibited to study it; However, the legislative omission as a source of extracontractual responsibility of the State, a matter of competence of the Administrative Jurisdiction, has had a precarious study, since there are few judgments that have dealt with studying this legal phenomenon. The main objective set at the beginning of the investigation was to determine if it was feasible that, on the occasion of a legislative omission, the State should be obliged to repair the possible unlawful damages that could occur with it and, if that possibility were found feasible, establish the imputation title within which this type of responsibility could be configured; In this regard, the investigation yielded, as a result, the actual origin of this type of responsibility (only with respect to the relative legislative omission) and, specifically, under the title of imputation of special damage. For the realization of this work, we went to the study of the works of doctrinants, both national and foreign, and also to the analysis of the jurisprudence of the Constitutional Courts, Supreme Court and State Council, in the different aspects that make up the responsibility state by default in the issuance of laws. The importance of the research lies in the fact that at the end of it, a proposal for the structuring of the public liability of Almería is presented, based specifically on the relative legislative omission, indicating the title of the appropriate imputation, its configurating elements and the way that must be understood by the Administrative Judges

La modulación de los efectos de las sentencias de constitucionalidad en la jurisprudencia de la Corte Constitucional

94 páginasEn Colombia, a partir de la promulgación de la Constitución de 1991 se refuerza el valor normativo de la Constitución con la creación de la Corte Constitucional como cabeza de la jurisdicción constitucional (arts. 241 al 245 C. P.). La Corte tiene la función de asegurar la integridad y supremacía de la Constitución, mediante el control abstracto y objetivo de la constitucionalidad de la ley, esto es, un control jurídico a través del cual el juez constitucional establece si una disposición legal es conforme o no con el texto constitucional, tanto por vicios de procedimiento como por su contenido material

La responsabilidad patrimonial del estado por omisión del legislador en Colombia

73 páginasEste escrito surge como consecuencia del análisis de la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, en el cual se puso en evidencia una tensión entre estas altas cortes frente a "La Responsabilidad Patrimonial del Estado por Omisión del Legislador en Colombia", denotando dos posturas: la primera establece que el Estado no es responsable, y la segunda está encaminada a demostrar la existencia de una responsabilidad. De lo anterior, surge el siguiente cuestionamiento ¿El Estado colombiano es responsable por la omisión del legislador? la hipótesis que se plantea en el escrito es que por regla general el Estado colombiano no debe responder patrimonialmente por la omisión del legislador, en función a dar respuesta a este interrogante se analizó una sentencia de carácter internacional que reconoció responsabilidad patrimonial del estado de Italia y un caso colombiano formulado en una tesis de grado que argumenta la responsabilidad del estado por omisión en "la mutilación sexual femenina en la comunidad Embera Chamí", este escrito concluye que hasta el momento no hay un caso en el cual se haya declarado la responsabilidad del Estado por omisión del legislador en Colombia, sin embargo se plantea una excepción a la regla general.This letter arises as a result of the analysis of the jurisprudence of the Council of State and the Constitutional Court, in which a tension was highlighted between these high courts in the face of "The Patrimonial Responsibility of the State by Omission of the Legislator in Colombia", denoting two positions: the first states that the State is not responsible, and the second is aimed at demonstrating the existence of a responsibility. From the above, the following question arises is the Colombian State responsible far the omission of the legislator? the hypothesis raised in the letter is that, as a general rule, the Colombian State should not be financially liable far the omission of the legislature, in the case of answering this question, an international judgment was analysed which it acknowledged patrimonial responsibility of the state of ltaly and a Colombian case formulated in a degree thesis that argues the state's responsibility by omission in "female sexual mutilation in the Embera Chamí community", this brief concludes that so far there is no a case in which the state's responsibility has been declared by omission of the legislator in Colombia, however, an exception to the general rule is raised.Magíster en DerechoMaestrí

Precisiones acerca de la responsabilidad del estado legislador en colombia

En Colombia existen antecedentes jurisprudenciales y doctrinales que permiten ir elaborando y estructurando la responsabilidad del Estado legislador. Por ser ésta una clase de responsabilidad extracontractual del Estado, para fines prácticos, es necesario abordar el tema bajo los elementos de la responsabilidad del Estado: el hecho o la actuación del Estado (Ley vigente, Ley declarada inconstitucional con efecto retroactivo, omisión legislativa relativa) el daño y el nexo causal entre el hecho o la actuación del Estado y el daño; y como elemento adicional, el fundamento del deber reparatorio, elemento que contribuye a establecer los títulos de imputación, aplicables en cada caso por el juez (Falla del servicio legislativo, Daño especial).

Análisis de la normatividad en contratación pública

18 p.La contratación pública ha sido objeto de una sustanciosa regulación normativa desde la expedición de la Ley 80 de 1993. Esta última fue concebida como un instrumento fundamental para entender la nueva forma de emprender la gestión pública, en un marco más convencional que impositivo, contentivo de un conjunto de principios rectores que debe ser observado por la Administración y los particulares. A continuación se describirá el marco jurídico que la soporta: el Estatuto General de contratación pública (Ley 80 de 1993), las normas que complementan, modifican y amplían la Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes.Reconocimiento de un orden jurídico internacional en materia contractual Necesidad de reforma al Estatuto de Contratació

La responsabilidad del Estado por omision legislativa desde 1991 hasta hoy

Desde la creación de la Carta política en el año 1991 se definieron las tres ramas del poder público, estas son la rama ejecutiva, legislativa y judicial, una vez establecido esto encontramos al legislador como el único facultado para la creación de leyes, por otra parte, la función del rama judicial es hacer cumplir la ley cuando el legislativo deja de hacerlo incurriendo en una omisión legislativa, puesto que el estado debe de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, teniendo la obligación de promulgar leyes y adoptar medidas efectivas para su protección. En Colombia están enmarcadas en la ley dos clases de omisiones por parte del legislador, estas son la omisión legislativa absoluta y la omisión legislativa relativa. La omisión legislativa absoluta se refiere a la total omisión en cabeza del legislador que se enmarca en la obligación constitucional que se le atribuye a este respecto a la creación de normas o simplemente abstenerse del ejercicio de sus funcione, la segunda clase de omisión, es decir la omisión relativa es la contradictoria a la omisión anterior pues en esta el legislador si crean la norma pero no lo hace como debería ya que no es lo suficientemente clara, expresa o completa y da lugar a la creación de un vacío jurídico. Por esto es fundamental la posición y el deber de la corte constitucional ya que esta es el órgano fundamental en hacer posible la interpretación de las normas y así mismo en conjunto con el cumplimiento y relleno de los vacíos legales.Universidad Libre Seccional Pereira -- Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales -- DerechoSince the creation of the Political Charter in 1991, the three branches of public power were defined, these are the executive, legislative and judicial branches, once established this found the legislator as the only one empowered to create laws, on the other hand The function of the judicial branch is to enforce the law when the legislature fails to do so, incurring a legislative omission, since the state must guarantee the fundamental rights of citizens, having the obligation to enact laws and adopt effective measures for their protection. In Colombia, two kinds of omissions by the legislator are framed in the law, these are the absolute legislative omission and the relative legislative omission. The absolute legislative omission refers to the total omission in the head of the legislator that is part of the constitutional obligation that is attributed to him in this regard to the creation of norms or simply refrain from the exercise of its operation, the second class of omission that is to say The relative omission is contradictory to the previous omission because in this the legislator does create the norm but it does not do it as it should since it is not clear, express or complete enough and leads to the creation of a legal vacuum. For this reason, the position and duty of the constitutional court is fundamental, since this is the fundamental body in making possible the interpretation of the norms and also in conjunction with compliance and filling in legal gaps

Elementos para la configuración de la responsabilidad disciplinaria de los miembros del congreso en Colombia

El ordenamiento jurídico colombiano se caracteriza por la proliferación de leyes, que genera consecuencias e impacto en la vida cotidiana de los particulares, ya sea de carácter benéfico o perjudicial, caso último en el que el Consejo de Estado, juez, especializado en el reconocimiento de responsabilidad estatal, entendida esta como la capacidad de atender los actos propios y su ejecutar la reparación. Define en su jurisprudencia que mediante la acción de reparación directa,1 con fundamento en los artículos 2, 6 y 90 de la Constitución, el Estado tiene la obligación de reparar los daños antijurídicos producidos por este. Sin embargo, el pago de la indemnización o reparación por el reconocimiento de la responsabilidad del Estado, se realiza del presupuesto público, integrado por el dinero de los contribuyentes2 que son los mismos ciudadanos, por lo tanto no es la institución (congreso) que indemniza los daños causados por el ejercicio del poder legislativo o por su omisión, es el Estado en general y por lo tanto el reconocimiento de la responsabilidad solo se queda en el ámbito de la indemnización o reparación, más no tiene consecuencias directas en el ejercicio funcional de los congresistas, que hasta la actualidad expiden leyes o en caso contrario omiten hacerlas, desconociendo la responsabilidad y exigencia que es tener la calidad de Servidores Públicos y el mandato constitucional. Actuaciones que se pueden enmarcar en el ámbito de lo disciplinario como faltas, ya que la producción de leyes afecta la vida económica, política y social del país.The Colombian legal system is characterized by the proliferation of laws, which generates consequences and impact on the daily life of individuals, whether beneficial or harmful, a case in which the State Council, a judge, specialized in the recognition of State responsibility, understood as the ability to attend to their own acts and to execute the repair. In its jurisprudence, it establishes that, through direct reparation action, 1 based on articles 2, 6 and 90 of the Constitution, the State has an obligation to repair the unlawful damages caused by it. However, the payment of compensation or reparation for the recognition of the responsibility of the State, is made from the public budget, made up of the money of the taxpayers2 who are the same citizens, therefore it is not the institution (congress) that indemnifies The damage caused by the exercise of legislative power or by its omission is the State in general and therefore the recognition of responsibility only remains in the area of compensation or reparation, but has no direct consequences in the functional exercise of The congressmen, who until now issue laws or otherwise fail to do them, disregarding the responsibility and demand that is to have the quality of Public Servants and the constitutional mandate. Actions that can be framed in the scope of disciplinary as faults, since the production of laws affects the economic, political and social life of the country